La ayuda a domicilio de Pinos Puente denuncia que se pretende establecer un precio/hora del servicio que no cubre los costes laborales

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Este miércoles, 14 de abril, las trabajadores y trabajadores de la ayuda a Domicilio de la localidad de Pinos Puente, convocados por el Comité de Empresa,  íntegro de UGT,  han celebrado una manifestación en dicho municipio, en protesta por el bajo precio/hora que se ha establecido en el pliego administrativo de contratación de este servicio público por parte del Ayuntamiento, que no llega ni a la subvención de 14,60€ precio/hora en el servicio de ayuda domicilio establecido el pasado mes de enero por parte de la Junta de Andalucía.

Para ver imégnes de la manifestación, haz clic aquí

Desde el Sector de Dependencia y Servicios Sociosanitarios de Ia Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, se recuerda que tras la impugnación realizada por el Sindicato, del pliego de clausulas administrativas para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Pinos Puente, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dictó Resolución por la que se acordó la suspensión del procedimiento, y se tuvo en cuenta Ia pretensión sindical de que se corrigieran los pliegos administrativos, en el sentido de impedir que causen perjuicios a los intereses afectados, per haberse establecido en el pliego impugnado un precio par hora inferior a lo que marca el Convenio Colectivo y no garantizarse los costes salariales.

Sin embargo, denuncian desde UGT, esta corrección ha sido «a la baja», y la modificación del contrato de adjudicación del servicio no se ha adaptado ni siquiera al nuevo marco jurídico, que establece un mínimo de 14,60€/hora, que aunque es insuficiente, al menos seria un precio legal del servicio público.

UGT reclama par tanto una nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo, en la que se tenga en cuenta lo establecido en el del Convenio Colectivo de aplicación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, ya que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Lo que hay que promover, se afirma, es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios/as sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria.